Manila invisible

H.

El área metropolitana de Manila alberga la mayor extensión de slums del mundo. No hay datos oficiales, sólo estimaciones que cifran en cuatro millones los habitantes de las chabolas, un tercio de la población de la urbe

SARA GÓMEZ ARMAS / EFE

La vida de Jayaan Cabaniog ha empeorado en el último año por el cierre del vertedero donde trabajaba, después de que una avalancha de basura matara a 300 personas. Con su marido en la cárcel por posesión de drogas, tiene que ocuparse sola de sus tres hijos, con los que malvive en el “slum” de Payatas, un asentamiento ilegal o barriada marginal en el nordeste de Manila.

Los efluvios tóxicos del vertedero mataron a otro de sus hijos, de cuatro meses, pero a Jayaan, a sus 37 años, no le queda otro remedio que seguir buscando en la basura y aceptar el dinero que le envía su madre. Princess, su hija pequeña, acude al programa de alimentación que una congregación religiosa desarrolla cuatro días a la semana. Juegan, cantan, rezan, hacen manualidades y comen. Les dan raciones de pollo, pescado, carne de cerdo o verdura y les dejan llevarse comida a casa para que sus familias tengan algo que cenar.

En las barriadas de Manila que subsisten de los vertederos, los residentes a menudo engañan al hambre a base de “pagpag”, un guiso ensopado de restos de pollo robados de la basura. En Payatas, 10.000 personas viven en estas condiciones. Sus niños y los de otros barrios de chabolas son el grueso del 20% de los menores filipinos que, según la ONU, sufre malnutrición.

La gran extensión metropolitana de chabolas

El de desarrollo urbano de Manila se repite en otras grandes capitales del Sudeste Asiático, pero Filipinas es el país más desigual de la zona. El 1% de su población acapara la mitad de la riqueza nacional, mientras que una quinta parte, unos 22 millones de filipinos, vive con menos de dos dólares al día.

La clase media, los que disponen de más de 15 dólares para gastar al día, solo llega al 9,2%, un indicador bajo en comparación con otros países de la región como Malasia (65%), Tailandia (35%) o China (20%), según datos del Banco Mundial.

El crecimiento de la economía filipina ha sido robusto en los últimos años, por encima del 5% anual desde 2012, pero apenas ha tenido repercusión en la reducción de la pobreza ni en la vida de personas como Jayaan o su vecina Elena Valeña.

“Buscamos en la basura, en cualquier lugar. No hay otro trabajo para nosotros”, comenta con resignación Elena. Separada de su marido, lucha a diario para alimentar a los cinco de sus siete hijos que viven con ella en una choza donde apenas caben un cochambroso colchón y un hornillo de gas entre los sacos de basura.

Con lo recolectado en su peregrinaje por vertederos, todavía no ha reunido el dinero necesario para el arroz de la semana. Su hijo Szedric de 22 años, dedicado ya a tiempo completo al “negocio familiar”, tendrá que seguir hurgando en la basura por la tarde. Por suerte Sheena, de 5 años, ha comido bien con las monjas.

El vertedero fue trasladado en 2017 a diez kilómetros de distancia, pero los camiones de basura todavía cruzan el barrio. A su paso, los vecinos se afanan llenando bolsas que procesan en sus casas, donde separan y limpian lo reciclable. Si consiguen llenar dos sacos con plásticos y latas, les pagan 1,5 euros. La podredumbre está ahora dentro de casa.

Ciudad miseria

La pobreza urbana es la cara más hostil de un problema que afecta al 21% de los 106 millones de habitantes de Filipinas, según datos de 2018 de la Autoridad Nacional de Estadísticas. Son los más pobres entre los pobres.

Olvidados por los políticos e invisibles para la opinión pública, levantan sus chabolas de madera, aluminio o cartón donde pueden, bajo puentes o autopistas, junto a las vías del tren, en la ribera de un río o entre la basura. Viven más expuestos que nadie a los embates de frecuentes tifones, inundaciones o terremotos, y a menudo tienen que empezar de cero desde los centros de evacuación.

El Gobierno de Rodrigo Duterte, que no ha atendido las peticiones de información y entrevistas, pretende reducir la tasa de pobreza al 14% para el fin de su mandato, en 2022, lo que equivale a sacar a seis millones de filipinos de la pobreza. Los esfuerzos de la Comisión Nacional contra la Pobreza se concentran en las áreas rurales, donde viven tres cuartas partes de los pobres. Sin embargo, en su plan de trabajo para el periodo 2019-23, reconoce que “la pobreza urbana ofrece las estampas más crudas de la desigualdad”.

“La persistencia de la pobreza en los slums se debe principalmente a la corrupción rampante y al mal manejo de los recursos por parte de la clase política”, cuenta el representante de Human Rights Watch en Filipinas, Carlos Conde.

Se trata de “un problema urgente” de derechos humanos y de “doble victimización”: No sólo viven, y a menudo nacen, sin sus necesidades básicas cubiertas, sino que “la sociedad los margina” por ser pobres, no tener trabajo, no acceder a la educación o vivir en barrios gobernados por bandas criminales.

Violencia e impunidad

La violencia aguarda en cada esquina de los slums, especialmente cuando cae la noche. Entre 2016 y 2018, los dos primeros años de mandato de Duterte, los delitos menores descendieron, pero los asesinatos aumentaron un 80%, según cifras de la Policía Nacional. Muchos culpan al clima de impunidad que ha generado su polémica acción contra las drogas.

En la linde entre Tondo y Binondo, emergió hace medio siglo Delpan, un enjambre de casas que parece a punto de desmoronarse. En el inicio de la guerra antinarcóticos, sus calles sirvieron de escenario para las ejecuciones extrajudiciales, a menudo de inocentes, según han documentado grupos de derechos humanos y abogados de las víctimas. Desde que arrancó esta letal campaña, más de 27.000 personas han muerto asesinadas, según la ONU, aunque la Policía solo reconoce unas 5.000 víctimas.

Ahí reside desde hace 35 años Benvenido Razon, un jubilado padre de siete hijos y abuelo de veinte nietos. Sus hijos varones encadenan trabajos precarios y su esposa vende comida casera en los bajos de su vivienda. “Yo me ocupo de ir al mercado”, remarca, mientras dos de sus hijas se bañan en barreños, recatadas y con ropa, en plena calle. Según defiende, Delpan es un “lugar seguro” para su familia, aunque el barrio solo aparece en la prensa vinculado a episodios de crimen y drogas.

A otros vecinos como Amelyn Rolojo, que cada noche teme que sus hijos anden solos por la calle, también les sale a cuenta vivir en este lugar, porque permite a su marido trabajar como camionero. Gana 400 pesos al día (unos 7 euros), una fortuna para la mayoría en los slums. “En Manila es más fácil hacer dinero. Aquí mi familia está bien, no pasamos hambre. (...) Hacemos tres comidas diarias”, cuenta.

Desahuciados por las llamas

Encajado entre modernos rascacielos en Quezon, una de las dieciséis ciudades que integran el área metropolitana de Manila, se halla San Roque, un asentamiento ilegal donde quedan unas 5.000 familias, frente a las 20.000 del pasado.

Ayala Land, una de las mayores constructoras de Filipinas -que pertenece a una de las familias más ricas del país-, reclama la propiedad de esa tierra para levantar un moderno distrito financiero y quiere desahuciar a sus vecinos. En 2010, comenzaron las demoliciones masivas. Al igual que el Gobierno, esta empresa tampoco ha querido comentar las acusaciones que pesan sobre ella.

“No sólo tememos demoliciones, también nos preocupan los incendios. Hasta nueve veces han tratado de quemar nuestras casas”, denuncia Estrelieta Bagasbas, líder vecinal de San Roque, que lucha por salvar el barrio que le ha dado cobijo durante más de treinta años. Su vecino Federico Indicio, de 50 años, contempló impotente en febrero como su casa era engullida por el fuego. “Fue la experiencia más dolorosa de mi vida, ver a mi familia en esa situación”, narra. “Absolutamente nada se salvó de las llamas, sólo lo que llevaba puesto”, rememora.

Ahora vive a la intemperie con su mujer, cuatro hijos y cuatro nietos sobre las cenizas de lo que fue su hogar. Se niega a ser realojado porque los vecinos que cedieron a la presión han sido reubicados fuera de la ciudad, “en otra provincia donde no hay trabajo” y de la muchos ya han vuelto.

Los fuegos no son exclusivos de San Roque. Solo en 2018, la capital sufrió unos 4.700, según la Oficina contra Incendios. Muchos ocurrieron en slums amenazados por la expansión urbanística.

Nacer y vivir entre muertos

En la superpoblada y masificada capital filipina, la lucha por un espacio donde vivir es feroz, hasta el punto de que miles de familias han encontrado un hogar entre tumbas y mausoleos en las necrópolis de la capital.

Desde hace 15 años, Michaela Sipalay vive en el cementerio de Pasay, en el sur de la ciudad. Su trabajo es cuidar y limpiar cinco nichos que le sirven de vivienda. Gana 50 pesos al mes por cada uno (0,85 euros).

Sobre la tumba más grande ha construido una choza de madera, donde vive con su hija de cinco años. Sus únicos lujos son un ventilador y un antiguo televisor. Su otra hija de 12, con discapacidad intelectual, y su madre, de 70 años, duermen sobre sepulcros transformados en camastros con lonas de plástico.

“La vida aquí es difícil. Por la noche es peligroso. Últimamente hay extraños entrando y saliendo, implicados en drogas”, describe Michaela, que sobrevive gracias a las limosnas que su madre recoge en la carretera que bordea los muros del cementerio. “Hoy conseguí 200 pesos (3,5 euros), otros días es menos o a veces solo me dan pan o refrescos”, relata la madre, Asuncion, que camina con la ayuda de dos muletas.

Años atrás ambas vivían en un “bonito apartamento de alquiler” no muy lejos de ahí, pero con la muerte repentina de su padre -el sustento de la familia-, se vieron obligadas a mudarse al cementerio.