Las residencias contestan a Laparra que es “imposible” llegar a 3.000 plazas

H.

La asociación de centros ANEA critica el nuevo acuerdo marco para concertar plazas en residencias privadas

M. CARMEN GARDE / DIARIO DE NAVARRA

La residencias han tardado horas en contradecir al consejero de Derechos Sociales, Miguel Laparra. El político anunció el lunes un nuevo modelo de convenio con las residencias privadas para que atiendan en sus instalaciones a personas valoradas como dependientes. En este momento tiene acordadas 1.708 plazas en centros privados y, según el consejero, aumentarán hasta casi 3.000 en los próximos dos años. Pero, según expusieron este martes las residencias, lo dicho por Laparra “es imposible”. “Como mucho, podemos aspirar a mantener el mismo número de plazas”, afirmó rotundo el presidente de la Asociación Navarra de Entidades Asistenciales (ANEA), Rafael Sánchez Ostiz.

La presencia de la asociación ANEA, junto con la Casa de la Misericordia, en comisión parlamentaria estaba prevista desde hace tiempo para hablar del “borrador” del nuevo convenio o acuerdo, pero como un día antes el vicepresidente Laparra anunció por sorpresa su aprobación, la presencia de las residencias sirvió para conocer su opinión sobre lo que ya deben asumir como una realidad.

ANEA y Casa Misericordia suman el 90% de todas las plazas concertadas en la Comunidad foral y, según criticaron, Derechos Sociales “no les ha escuchado” para redactar un documento que les afecta de lleno. “Solo se nos llamó en una ocasión y nos dieron un borrador. De todas las propuestas que hicimos lo único que se ha tenido en cuenta es reducir la vigencia del nuevo acuerdo de los cuatro años planteados a dos años, como finalmente se ha aprobado”, apuntó el portavoz de las residencias.

Inseguridad e incertidumbre

Sánchez Ostiz aseguró que el nuevo acuerdo marco ideado por el equipo de Laparra resulta “muy poco atractivo” para las residencias privadas. Hasta el punto de que teme que muchas no deseen alojar a dependientes con ayuda pública en sus instalaciones y opten por dedicar más espacio a los usuarios privados. Argumentan que el dinero que el Ejecutivo plantea abonar por cada plaza concertada “no resulta rentable” ya que está “por debajo del coste real” de la plaza. “Aunque el nuevo acuerdo sube el precio por plaza entre un 10 y un 15% lo cierto es que también se exigen a las residencias que inviertan en más personal, lo que supone un gasto, de manera que lo comido por lo servido”. Así, para Sánchez Ostiz pasar de 39 a 44,8 millones al año para pagar a las residencias es insuficiente para garantizar el aumento de plazas que anuncia Laparra.

“El nuevo acuerdo va a generar en el sector asistencial inseguridad e incertidumbre en los próximos años”, valoró Sánchez Ostiz. Al respecto, detalló que en el periodo 2009-2018 los precios de concertación han bajado un 25%, al tiempo que los costes de personal han aumentado un 6%. “Es claro que este agujero ha sido cubierto por la merma en la rentabilidad de los centros y por el incremento de tarifas para los usuarios privados”.

Riesgo en residencias rurales

En el nuevo modelo, Laparra ya no negocia con las residencias el número de plazas, sino que éstas deben ir a un concurso, decir cuántas plazas ofertan para recibir ayuda y, luego, Derechos Sociales, según la preferencia de los usuarios, seleccionará cuántas concierta en cada centro. “Con los criterios de los usuarios, las peor paradas serán las residencias en ámbito rural”, lamentó.

En el turno de los partidos políticos, PSN y UPN coincidieron en que han sido “cuatro años perdidos” para mejorar el modelo de atención a los mayores. “Todos los conciertos con las residencias están caducados y muchos llevan toda la legislatura. Y lo peor de todo es que ha habido dinero”, apuntó García Malo (UPN). Nuria Medina (PSN) le recriminó a Laparra con datos. “Según el Imserso en Navarra existen hoy 127 plazas residenciales menos que hace cuatro años”, aseveró.

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos Orain- Bai y IU-EB, en cambio, cerraron filas y defendieron el nuevo modelo de concierto, aunque reconocieron que se pueden incorporar mejoras, como actualizar los precios con el IPC todos los años para no ahondar en el déficit del coste real por plaza.

DOS PROPUESTAS

Actualizar con el IPC cada año los precios. Dada la evolución de los costes y la bajada y congelación de tarifas públicas, ANEA considera imprescindible un incremento de las tarifas públicas suficiente y que se contemple una actualización de precios sujeta al IPC o a cualquier otra fórmula de ajustar dichos precios. “Es la única forma de poder mejorar las condiciones laborales de los trabajadores”.

Flexibilizar la oferta de plazas de concertación por la entidades participantes en el acuerdo marco, ya sea al alza o la baja. En este sentido, plantean renovar la oferta cada año.