Las defensas del juicio del ‘procés’ cuestionan la “imparcialidad” del Tribunal

H.

La vulneración de derechos fundamentales, la supuesta criminalización de la protesta y la suspensión de los derechos políticos también han centrado las críticas a un “juicio excepcional” en la primera sesión

EFE

La vulneración de derechos fundamentales, la supuesta criminalización de la protesta, la suspensión de los derechos políticos y la falta de imparcialidad del tribunal han centrado las críticas a un “juicio excepcional” vertidas por las defensas de los doce acusados en el ‘procés’ en su primera jornada. Estos son algunos de sus principales argumentos:

Juicio excepcional vs juicio penal: mientras que algunos abogados como el del exvicepresident Oriol Junqueras han hecho referencia literal a “un juicio excepcional” -una idea sobre la que ha pivotado buena parte del resto de intervenciones- y a una causa “muy politizada por no decir política”, otros como el del exconseller Joaquim Forn han dejado claro que es “un juicio penal, nada más y nada menos, como el de una estafa, como el de una alcoholemia”.

Diferentes procedimientos para los mismos hechos: varios abogados han alegado que el proceso soberanista catalán ha derivado en numerosas causas penales, unas en Barcelona, otra en la Audiencia Nacional contra la cúpula policial de los Mossos y ésta en el Supremo.

Unos han denunciado la imposibilidad de acceder a la documentación de todas ellas; otros han criticado la división de la causa en dos (los miembros de la Mesa del Parlament serán juzgados en Cataluña); y otros que los altos mandos de los Mossos sean juzgados en la Audiencia Nacional cuando su superior, el exconseller Joaquim Forn está acusado en el Supremo.

Desigualdad entre procesados: la defensa de Carme Forcadell ha puesto encima de la mesa la desigualdad entre los diferentes procesados en la causa derivada del hecho de que algunos de ellos, como Carles Puigdemont, se encuentran en libertad huidos de la Justicia mientras que otros están en prisión y van a ser juzgados por el Supremo: “Hay personas a las que no se persigue y otras llevan más un año en prisión”.

Una causa contra la disidencia política: el abogado de Oriol Junqueras ha señalado que “la causa atenta contra la disidencia política” y se articula desde “el lado oscuro del derecho penal democrático”.

Criminalización del discurso político: también han denunciado algunos letrados “la criminalización del discurso político” de los acusados por considerarlos “traidores a la patria” y acusarles de cuestiones de naturaleza política. Han cargado contra el Supremo por cercenar investiduras o votaciones en el Parlament y buscar sacar de la arena política al anterior Govern. Algunos han calificado la causa de “un atentado a los derechos políticos”.

Penalización de la protesta: las defensas sostienen que la causa, en la que “se habla de esos sombríos y peligrosos ciudadanos de Cataluña”, penaliza y atenta al derecho a protestar, pues “lo que hacen los catalanes es protestar”. Dicen que “50 (de las 127) páginas del escrito de acusación de la Fiscalía se dedican única y exclusivamente a actos de manifestación pacíficos”.

Falta de imparcialidad: prácticamente todas las defensas han acusado al Supremo de parcialidad. A cuatro de los jueces del tribunal por participar en la Sala que admitió a trámite la querella inicial de la Fiscalía. A Francisco Monterde, magistrado de la sala de apelaciones, por su cargo en una asociación judicial que lanzó tuits contra los acusados. A su presidente Carlos Lesmes, por “calificar de heroico” el rol del antiguo instructor del juzgado 13 de Barcelona. “Hagan de jueces y no de salvadores de la patria”.

Vulneración de la libertad de expresión: afirman que esta causa “criminaliza artículos de prensa, webs, poner el papel en una urna, expresiones, gritos, cánticos y conciertos” cuando el TEDH sí que permite hablar de la independencia “en términos de pueblo oprimido lucha, resistencia”. Dicen que no se puede recriminar nada a la sociedad catalana cuando protesta por la clausura de 200 páginas web, como tampoco cuando busca la adhesión de personajes de relevancia mundial para su demanda de referéndum. Expresarse no puede ser un delito.

Uso del catalán: los letrados consideran que la imposibilidad de traducción simultánea (sobre la que el Supremo no se ha pronunciado) perjudica a sus clientes y vulnera el derecho de defensa, algo que no se produciría si el juicio se celebrase en Cataluña. “Yo hago un esfuerzo por hablar en castellano pero no me juego 17 años en prisión”, ha dicho uno de los abogados.

¿Dónde están las pruebas?: la gran mayoría de los abogados han solicitado la suspensión del juicio en tanto no dispongan de todas las pruebas y documentos que se estudiarán durante el procedimiento: “No se puede empezar un interrogatorio sin estar presente la fuente de prueba solicitada”, ha dicho el abogado de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez.