La fecha lógica sería el super-superdomingo

H.

FERNANDO JÁUREGUI

Concluido ya el episodio, previsible, del rechazo a los Presupuestos Generales del Estado, queda ahora saber cuándo tendrá lugar la disolución de las Cámaras legislativas y la consiguiente convocatoria de elecciones generales. Los últimos días, incluso antes de que ocurriese lo que todos menos algún anclado en un infundado optimismo gubernamental esperaban, han sido pródigos en rumores, filtraciones más o menos ‘oficiales’ u ‘oficiosas’ y especulaciones acerca de cuánto se adelantará el final de la Legislatura, que, por cierto, lleva de hecho bastantes meses concluida ‘de facto’.

Las fuentes que creen estar más cerca de lo que piensa Pedro Sánchez indican el 28 de abril como el día más probable para que se celebren las elecciones legislativas, con lo cual el Congreso y el Senado tendrían que disolverse a comienzos de marzo. No tendrá el Gobierno, así, tiempo para sacar adelante ninguna de las reformas legislativas que, con más voluntarismo que realismo, comenzó a poner en marcha, y me refiero desde el coto a la reforma laboral hasta el proyecto de ley de Educación. Nada. La Legislatura concluirá sin haber cambiado nada en el fondo: y ya veremos, por cierto, si el Consejo de Ministros de este viernes logra sacar a Franco del Valle de los Caídos. Sobre lo de Cataluña, mejor ni hablar.

Ha sido una Legislatura inútil, mucho más destructiva que constructiva. La Legislatura de la crispación. Y lo peor es que ninguno de sus protagonistas, en el Gobierno o en la oposición, ha sido capaz de hacer apuestas sensatas de futuro, ni de plantar las bases de la regeneración política que urgentemente necesita España. Creo que los españoles tenemos derecho a estar enfados con eso que se llama nuestra ‘clase política’.

Creo que sería importante fijar ahora la fecha más conveniente para las elecciones. Sin demoras y sin cálculos partidistas sobre qué es lo que más conviene a unas formaciones políticas y menos a otras. En ese sentido, me parece que lo mejor sería, llegados a esta situación pre caótica, tratar de abaratar lo más posible el proceso electoral, no multiplicándolo, y procurar que la ciudadanía acuda lo más masivamente posible a las urnas. No parece muy conveniente, por tanto, esa fecha del 28 de abril, a un mes de distancia de las ya fijadas elecciones europeas, autonómicas -donde toquen- y locales. Entre otras cosas, por esa fecha de abril está demasiado cerca del ‘superdomingo’ 26 de mayo, y los resultados de abril podrían influir negativamente, por cansancio, desaliento o hartazgo, en la concurrencia a votar en mayo.

Entiendo que, por otro lado, resultaría muy conveniente ofrecer a los ciudadanos la idea de que van a votar para comenzar esa regeneración política de la que tanto tiempo llevamos hablando y tan poco actuando. Y nada como cinco urnas diferentes alineadas -cuatro o seis, según en qué Comunidad Autónoma- en un mismo día para que entre los españoles cunda la sensación de que ese día, en el que se renuevan tantos mandatos, comienza una nueva era. Considero, pues, para lo que sirva -que para poco servirá si, como pienso, ya está todo decidido en función de consideraciones electoralistas-, que aprovechar el ‘superdomingo’ para convocar a los españoles ante las urnas sería lo democráticamente más conveniente. Y que no se me diga que no hay precedentes para tanta proliferación simultánea de meses electorales: casi nada de lo que nos está ocurriendo en este peculiar país tiene precedentes.

Y, además, lo probable es que, para el 28 de mayo, el ‘juicio del siglo’ haya concluido y no influenciará tanto su resultado sobre el hoy decaído ánimo de los electores cuando, papeleta en mano, acudan a votar nuevo alcalde, nuevo presidente de su Comunidad Autónoma, nuevos eurodiputados y... nuevo -o no- presidente del Gobierno central, con sus ministros y todo lo demás. Una nueva era, con nuevas cartas para repartir a todos los niveles.